“La matadora” culmina el asalto del chavismo a todos los poderes


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El guión bolivariano se cumplió tal y como habían previsto los autodenominados “hijos de Chávez”, el primer mandatario Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, líder del ala militar y presidente de la Asamblea. El penúltimo capítulo del asalto a todos los poderes se representó ayer en el propio parlamento y, una vez más, lo hizo con renglones torcidos, publica DANIEL LOZANO Especial para EL MUNDO

Cabello dirigió, con su habitual talante marcial, la carga de la brigada ligera parlamentaria para imponer por mayoría simple los nombres de los 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), principal órgano judicial en Venezuela.

Poco importa que algunos de los elegidos ayer por el grupo parlamentario “rojo rojito” sean tan polémicos como Marjorie Calderón, la jueza que castigó con 30 años de cárcel a los comisarios y policías del golpe de abril de 2002, en una sentencia teledirigida desde el Palacio de Miraflores. Así lo confesó Eladio Aponte, el juez estrella del chavismo, quien incluso reconoció que no habían leído el recurso presentado por los defensores porque era “muy largo”.

Entre los miembros de la bancada opositora también ha circulado estos días la ficha policial de Maickel Moreno, otro de los magistrados impuestos, quien fue sustituido en 2007 por dejar en libertad a presuntos homicidas. También destaca la presencia de una hermana del poderoso gobernador militar Francisco Ameliach.

La tendencia política de los elegidos es tan evidente que la nueva magistrada de la Sala Electoral, Indira Alfonzo Izaguirre, fue la mano derecha de una de las ministras favoritas de Chávez. Izaguirre sustituyó a última hora a la exministra de Comunicación Delcy Rodríguez, destinada a esta sala pero que se ha convertido en la nueva canciller.

“La Matadora” fue el nombre que Cabello eligió ya hace días para rematar una de las semanas clave del año político. Y a fe cierta que ha dejado a varias víctimas en su camino: la Constitución, la frágil alianza entre moderados y opositores de la oposición, el español como idioma y hasta la música (diputados chavistas cantaron “Victoria Popular” sin mucho arte durante las designaciones).

Y, sobre todas las demás, la verdad. Tan acostumbrada a ser vapuleada en recinto parlamentario, el diputado de singular apellido, Elvis Amoroso, justificó el sábado los tejemanejes bolivarianos con una frase para la Historia: “El Rey de España designa a los magistrados del Supremo, ¡tremenda democracia!”.

La apisonadora oficialista ha forzado en una sola semana el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Defensor del Pueblo, de la fiscal general y del contralor de la República, además de los nuevos jueces. Para ello ha quebrado, violado o saltado por encima de la Constitución en varias ocasiones, según dirigentes opositores y juristas.

Una maniobra estratégica de cara a 2015, año crucial para el proceso iniciado en 1998 por Hugo Chávez, que vive su peor momento: la crisis económica golpea profundamente a los venezolanos con la inflación por encima del 70%, con largas colas provocadas por la escasez de alimentos y el desabastecimiento de productos básicos y con un estado asistencialista enflaquecido por la caída de los precios del petróleo.

Por primera vez en revolución, las encuestas adelantan una posible debacle oficialista en las elecciones parlamentarias, que deberían convocarse para finales de año.

El viejo Supremo deja tras de sí una estela de 11 años salpicada de sentencias siempre favorables a la revolución. Las dos últimas fueron escritas con urgencia para satisfacer los deseos de Cabello: la primera permitió la elección de los tres cargos del poder ciudadano por mayoría simple, cuando la Constitución establece las 2/3 partes de los votos, y la segunda impuso la confirmación al frente del CNE del brazo electoral del chavismo, las muy polémicas Tibisay Lucena y Sandra Oblitas.

“El TSJ convalida así la decisión del PSUV de mantener confiscado el poder electoral, al designar a seis ciudadanos (las dos rectoras más sus cuatro suplentes) que no cumplen los principales requisitos de elegibilidad”, según un comunicado hecho público por varias ongs, que insisten en que la Constitución impone que los rectores deberán ser “personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”.

 

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