El Principio del Fin de América Latina en Marcha.


 

ISHEl pasado lunes 1 de junio los indígenas Pemones venezolanos tuvieron que cerrar la pista de aterrizaje del Parque Nacional Canaima, al sur del selvático estado Bolívar, como medida de protesta para que el Gobierno atendiera las denuncias sobre la práctica de minería ilegal en sus tierras ancestrales. La manifestación duró tres días.

El problema se ha centrado en Bolívar y el vecino estado Amazonas, donde Venezuela tiene la mayor parte de sus riquezas naturales —y no hay presencia del Estado-. Es una zona convertida en Tierra de Nadie; y de lucro para muchos. Entre ambas entidades abarcan más de un tercio del territorio venezolano, pero apenas tienen una población de dos millones de personas.

El Gobierno venezolano, no obstante, no puede decir que la manifestación indígena lo tomó por sorpresa, o que desconocía la realidad, porque solo entre enero y abril de 2015, desde la Vicepresidencia de la República se hicieron al menos nueve alertas sobre la situación y la presencia de irregulares en el área, que se dedican a la explotación de las reservas de oro, diamantes, coltán y otros minerales de gran valor.

En los reportes elaborados para el despacho del vicepresidente, Jorge Arreaza, comunidades de la zona advierten a las autoridades  que continúan extrayendo, de manera indiscriminada, oro y diamantes de los suelos de Bolívar, y que serían precisamente los oficiales de la Guardia Nacional quienes fomentan la actividad ilegal.

“La minería ilegal en Bolívar no es nueva. En octubre de 2014 estuvimos ahí porque los pemones manifestaron que no podían practicar la minería, porque la Guardia Nacional les restringía el combustible. Ellos la practican y no lo esconden, pero fuera de Canaima. La protesta ahora fue porque están causando daños al parque nacional”, explicó la periodista venezolana Valentina Quintero.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, reaccionó ante la protesta de los indígenas y negóque se practicara la minería ilegal dentro del Parque Nacional Canaima, a pesar de que hace algunos meses el exministro de Turismo Andrés Izarra hizo la denuncia públicamente y mostró fotografías de los daños causados a los suelos de la reserva.

“El ministro de la Defensa alega que ellos sacaron a los mineros en diciembre, en un operativo. Pero es iluso pensar que eso lo van a erradicar en un solo día y que unos mineros van a abandonar la zona, cuando en ese sector no hay vigilancia permanente”, explicó Quintero, especializada en la promoción del turismo venezolano. Las declaraciones de Padrino López fueron también desmentidas por el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez y la ministra de Turismo, Marlenis Contreras, quienes de inmediato reaccionaron y reconocieron que, en efecto, el saqueo de los recursos minerales en suelo venezolano persiste.

Las autoridades aseguran que mensualmente se pierden hasta 4 mil quilates de diamantes, en los sectores que van desde Los Caribes hasta Urimán, en actividades de minería ilegal, practicada principalmente por colombianos, brasileros y guyaneses.

En el mismo texto, describen que el tipo de piedras que se producen y se trafican en Venezuela, son en su mayoría piedras blancas, de forma octaédrica o de trompo, que al ser sacadas de la tierra, por lo general están manchadas, lo que hace que los mineros ilegales aseguren que tienen poco valor. Sin embargo, estas piezas al ser talladas y limpiadas se convierten en piedras de gran valor en el mercado internacional.

“La minería ilegal se le escapó de las manos a las autoridades y a los indígenas. La reacción de los indígenas fue porque ahora se comienzan a ver las balsas en los ríos, deforestaciones irregulares y coloraciones no habituales en el río. Eso nos afecta a todos y por eso apoyamos la causa de los indígenas Pemones, porque eso también afecta mucho más la afluencia de turistas que nos visitan”, expresó Raúl Caldera, gerente de operaciones del campamento Waku Lodge.

El operador turístico también recordó al Gobierno venezolano se le ha advertido en reiteradas oportunidades sobre la situación de riesgo que hay en Canaima, que además es Patrimonio de la Humanidad, y que alberga en sus tierras la caída de agua más alta del mundo, el Salto Ángel.

En otro informe elaborado en noviembre de 2014 por las autoridades de la Vicepresidencia, se reporta que la explotación legal de diamantes en país, es supuestamente inexistente desde 2011. Lo alarmante de la información es que en un cuadro, las autoridades señalan que Venezuela pasó de producir 7.730 quilates, en 2009, a apenas 2.099 quilates en 2010; y a partir de allí, nunca más se prestó atención a la explotación de este mineral.

Lo mismo sucede con el oro. Ese texto elaborado entre el 8 y 13 de noviembre de 2014 informa que Venezuela pasó de producir 12,2 toneladas de oro en 2009, a tan solo extraer de la tierra una tonelada del metal el año pasado.

En las nueve alertas hechas para el despacho del vicepresidente Jorge Arreaza en 2015, se dice claramente que el tráfico ilegal de estos recursos naturales se hace por vía terrestre, fluvial y por aire, a pesar de que el control del combustible en la región está en manos de las autoridades militares.

“Allí los campamentos y los indígenas deben justificar a las autoridades todo el combustible que utilizan, certificando cada movilización, cada viaje, cada excursión, porque ellos controlan todo eso. Entonces, ¿cómo es que los que practican la minería ilegal allá obtienen el combustible? Eso solo lo pueden responder las autoridades, porque además, no hay manera de llegar hasta esas zonas que están dañando, si no es a través de la pista de Campo Carrao”, explicó Quintero a PanAm Post.

Quintero detalló que la denuncia que hacen los indígenas es que desde la base de La Paragua, donde se controla la distribución del combustible en la región, salen vuelos con los mineros que están destruyendo el ecosistema del parque nacional y afectando el hábitat de quienes viven del turismo al sur del país.

“En esta parte de Venezuela la escasez es mucho más fuerte, los costos se han elevado muchísimo y esta gente padece todos estos problemas, pero además se ha visto afectado la principal actividad económica de la región que es el turismo, porque la gente tiene miedo de aventurarse a conocer esta zona, por la inseguridad que hay”, dijo la periodista.

En abril de 2015 PanAmPost denunció la explotación de yacimientos de Coltan en el estado Amazonas, por parte de los miembros de las FARC. En esa oportunidad el gobernador de la entidad, Liborio Guaruya reconoció el problema y aseguró que ha hecho la denuncia ante la Asamblea Nacional, y que además, los funcionarios militares encargados de la vigilancia aérea y terrestre de la región, estaban al tanto de lo que ocurría.

En el texto elaborado por la Guardia Nacional de Venezuela en enero de 2015 se explica que los guerrilleros extraen el mineral y comercializan para obtener ganancias y financiar sus actividades ilegales.

 

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