En una jugada internacional que busca presionar la restitución de la democracia en Venezuela, funcionarios del alto gobierno, militares y empresarios integran las listas de sancionados por varias naciones, la mayoría acusados de violación de derechos humanos o por sus vínculos con el narcotráfico
Luego de la represión que vivieron los venezolanos durante las protestas antigubernamentales de 2017, nacieron una serie de sanciones en contra de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por presuntamente incurrir en violación a derecho humanos, promover e incentivar la permanencia del mandatario en el poder de manera arbitraria y poco democrática, además de otras ligadas a delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Suiza, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y Panamá han sido hasta el momento los países que han tomado la decisión de sancionar a funcionarios venezolanos, tomando medidas como la prohibición de ingresar a su territorio, la congelación de bienes y cuentas bancarias que pudiesen tener en estas naciones, o el desconocimiento de su cargo a nivel internacional.
Organismos internacionales como el Grupo de Lima o la Organización de Estados Americanos (OEA), han promovido o incentivado la aplicación de sanciones a funcionarios venezolanos, hasta que decidan actuar de manera democrática y transparente.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena; el fiscal designado por la Asamblea Constituyente Tarek William Saab; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; y el comandante general de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, son los funcionarios que han sido sancionados por todos los países.
Mi pluma, tu pluma 