Un informe del Small Arms Sorvey de 2016, citado por ONU Mujeres respaldan estos hechos.


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El femicidio en Ecuador es un delito contra el bien jurídico de la vida de una persona natural, de carácter muy específico, que consiste en matar a una persona de sexo femenino. En la actualidad dentro de la legislatura ecuatoriana, el femicidio está tipificado como delito dentro del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 141. El término se designa a los casos de asesinatos cometidos en contra de mujeres dentro de ese país como resultado de relaciones de poder.

La Comisión de Transición Hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, publicó en septiembre del 2010 el estudio denominado “Femicidio en Ecuador” en el cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Entre el 2005 y el 2007, a partir del estudio de 170 muertes de mujeres en las ciudades de GuayaquilEsmeraldasCuenca y Portoviejo, 77.5% fueron femicidios, mientras que en las otras 16.3% existe la sospecha que también lo fueron. Además solo un 6.3% de los homicidios restantes se pudieron descartar como femicidios, ​ lo que significa que en la minoría de homicidios resulto casualidad que la victima sea mujer. La mayoría de muertes intencionales y violentas de mujeres son el producto de relaciones de control y violencia.

Este estudio fue uno de los que evidenció la grave situación de la sociedad ecuatoriana con respecto al femicidio en la cual las mujeres pierden la vida por su razón de género.

A pesar de estos indicadores y la presión ejercida por los colectivos de varios sectores del Ecuador , que se sumaron para denunciar este fenómeno, antes del año 2014, la ausencia de un marco penal invisibilizaba la realidad del Femicidio en Ecuador.

Sro. Presidente de Ecuador.

Este fenómeno llamado  “Femicidio” no apareció en Ecuador con la llegada de la migración de venezolanos. Por supuesto apoyo el castigo que estipule sus leyes al venezolano (si es que fue un venezolano) sindicado del hecho, pero no generalice.

Atte.

Venezolanos en pie de lucha por el rescate del hilo Democrático y la DIGNIDAD

“jarabe de la muerte”, el peor escándalo de salud de la historia del Reino de Panamá


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“El día de su quinto cumpleaños a mi hijo le dieron de regalo veneno, en vez de un medicamento”.

Aminta Quintero se refiere a lo que le pasó a su hijo en 2006, pero bien podría hablar de ella misma.

Ambos acudieron al médico por un resfriado fuerte y éste les prescribió unexpectorante sin azúcar, la última novedad de la Caja del Seguro Social de Panamá para ese tipo de padecimientos leves.

Era el que se conocería después como el “jarabe de la muerte“, que causó un envenenamiento masivo, el mayor escándalo sanitario de la historia del país centroamericano.

Se saldó con unos 400 muertos según cifras oficiales, el doble de acuerdo al comité de víctimas, y miles de afectados, entre ellos 250 menores.

El brebaje debía contener glicerina, pero en lugar de ello estaba hecho a base dedietilenglicol, un refrigerante industrial altamente tóxico.

 

Testimonio:

  • “A mí me recetaron dos frascos, que adquirí en la misma farmacia del hospital”, recuerda Quintero para BBC Mundo. “Empecé a tomar la medicina y no sentía mejoría, así que seguí”.

Para cuando había agotado frasco y medio, la situación era ya insostenible.

“Ya tenía tos, pero en ese punto ya no podía parar”, cuenta la mujer, “los pulmones me quemaban, empecé a vomitar recurrentemente, me dolía la cabeza constantemente, tenía diarrea y dolor de cabeza“.

Pero los males no terminaron ahí: “Con los años empeoró. Fue de forma progresiva”.

Así, comenzaron los problemas renales, las inflamaciones en las articulaciones, las dificultades para caminar, los quistes. “Y hoy, 12 años después, sufro de fibromialgia, epilepsia, daños en el hígado, visión borrosa, quistes múltiples en el útero y cáncer en el seno derecho“, enumera.

“Además tengo moretones en todo el cuerpo, que está hinchado por dentro y por fuera, y no tengo un pedazo de piel en el que me puedan meter una aguja sin destrozar tejidos”, cuenta, quien a sus 45 años se ve obligada a usar bastón.

La panameña asegura que todo ello se debe a la intoxicación por el jarabe en cuestión. “Tenemos todos los certificados de médicos particulares que así lo acreditan y que ahora presentamos como prueba”.

Y es que ella es una de las 50 víctimas que, como último paso en la larga lucha para que se les haga justicia, demandó el 1 de febrero ante la Corte Suprema al Estado.

Le achacan negligencia y aspiran a una indemnización de US$6 millones para cada una.

“La demanda es sencillamente para que el Estado se haga responsable e indemnice a estas familias, porque el hecho está probado”, le dice Víctor Orobio, el abogado que los representa, a BBC Mundo.

Explica que este es solo el primer lote de demandas y que para abril habrán presentado 400 por un caso que no solo es el peor escándalo de salud del país, sino también el mayor envenenamiento por dietilenglicol de todo el mundo.

200.000 frascos de jarabe adulterado

La historia se remonta a 2003, cuando la Caja del Seguro Social compró cerca de9.000 kilos de lo que se pensaba era glicerina pura a la empresa panameña Medicom.

Ésta, a su vez, la había adquirido de la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., quien se la compró al grupo chino CNSC Fortune Way Company.

Con esa supuesta glicerina pura, el Seguro Social elaboró un jarabe para el resfriado y la gripe que resultó no apta para consumo humano.

Las autoridades sanitarias distribuyeron en el país 200.000 frascos, pero no fue hasta 2006 cuando empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.

Hasta entonces, las muertes las habían achacado a una enfermedad atípica, denominada síndrome de insuficiencia renal.

Fue en octubre de aquel año cuando se descubrió que lo que creían un síndrome era una intoxicación causada por el medicamento adulterado.

“El 10 de octubre de 2006 el Ministerio de Salud dio la alerta sobre el jarabe y llegaron a retirar todos los frascos”, recuerda Holanda Hernández, otra de las afectadas.

Para entonces llevaba algo más de un mes tomando lo que pensaba era un medicamento para un resfriado que “podía convertirse en neumonía”.

Y ya sentía mareos, insomnio, la vista nublada, dolor en las articulaciones y en la espalda. “En resumen, una sensación horrible que no se la deseo a nadie“.

También le dolían las piernas. “Pero no lo asociaba con el fármaco. Se lo achacaba a los tacones que usaba y con los que me caía a cada rato. Esas caídas tan raras tampoco las relacioné con el jarabe”, explica.

Fue entonces cuando su hija, quien también consumió el medicamento adulterado, empezó a ser hospitalizada de forma continua “de forma inesperada e inexplicable”.

Hoy ambas cuentan con un carné emitido por el Ministerio de Salud que las acredita como víctimas de la intoxicación por dietilenglicol.

“A mí me lo dieron en 2013, pero el de mi hija no lo conseguimos hasta 2017, porque nos decían que siendo tan joven lo suyo no podía ser por eso”, recuerda Hernández.

“Fueron años de juntar evidencias de frascos, hojas de hospitalización… de presentar recursos legales y apelaciones a los fallos”.

Como ella, los afectados siguen luchando para que se les haga justicia por un caso por el que en 2013 el entonces presidente Ricardo Martinelli pidió disculpas tras calificarlo de “homicidio masivo”.

Y es que no están de acuerdo con la respuesta de los tribunales al escándalo.

En un principio fueron imputadas 27 personas, pero la cifra se redujo a 11.

En julio de 2016 seis de ellas fueron absueltas y cinco condenadas, un empresario y cuatro exfuncionarios.

Así, Ángel Ariel de la Cruz, el director de Medicom (fabricante del jarabe), fue sentenciado a cinco años de prisión y a las otras cuatro personas halladas culpables les correspondió 12 meses de prisión conmutable, según informó en aquel momento el Órgano Judicial de Panamá.

“Fue una condena irrisoria“, se queja Hernández.

Y Quintana, uno de sus 49 compañeros de demanda, concuerda. Por eso exige reparación al Estado.

“El abogado Víctor Orobio calcula que la indemnización justa sería US$6 millones por cada afectado, pero yo opino que debería ser mucho más”, dice tajante.

“El sufrimiento de estos 12 años, de la gente que vive atada a un hospital, de los que piensan en matarse porque lo suyo no tiene remedio, no tiene precio”

“El hambre es la política de Maduro para el 2018” Sundde le mete el ojo a las cadenas de supermercados de todo el país. Pero el venezolano no aprende.


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El dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, expresó su preocupación por la ola de saqueos que se han registrado en su país y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de estar tras tales acciones. Consideró que las recientes medidas aplicadas por la SUNDEE llevarán a la quiebra de comercios.

 El diputado venezolano Lester Toledo acusó al gobierno venezolano de actuar de forma “fría y perversa” ante la crisis humanitaria que afecta al país y sostiene que las medidas recientes ejecutadas contra cadenas de supermercados son métodos de control social que irremediablemente generarán más miseria, hambruna y escasez.

Los saqueos que se están registrando en el país evidentemente son un grito de desesperación de un pueblo hambriento, y que al estar en esa condición, se hace  más susceptible de manipulación y control social, y eso lo tiene claro el régimen. Lo que estamos viendo en Venezuela son dos tipos de situaciones, igual de graves y condenables, los saqueos espontáneos y los controlados, tras ambas esta la mano del mismo régimen”.

Para Toledo las acciones del gobierno venezolano a través de la SUNDEE están propiciando saqueos controlados que van a llevar a la quiebra y al cierre forzoso de cientos de empresas, al tiempo que agravará la crisis.

“Comida para hoy y hambre para mañana, eso es lo que está haciendo Nicolás Maduro, está canibalizando a una población hambrienta y necesitada, todo para someterla, controlarla y así perpetuarse en el poder. Este régimen está arrastrando intencionalmente a Venezuela a la hambruna total y lo está ejecutando como política de gobierno”.

El diputado de Voluntad Popular alertó sobre las señales de control social que se han venido ejecutando en el país, y que según sostiene, son prácticas propias de regímenes dictatoriales populistas.

Habituaron a los venezolanos a los racionamientos y a las colas, a creer en  falsas promesas, a conformarse con pírricos aumentos salariales. Han manipulado a la población para hacerles creer que son sus salvadores, cuando en verdad son los culpables de esta crisis que ahoga y mata. Somos una reedición de Cuba y a eso tenemos que ponerle fin”.

Toledo señaló que Venezuela no es Cuba y los venezolanos tarde o temprano reaccionarán y frenarán lo que calificó como “desmanes del dictador”.

“Acá no hablamos ya de cambio de modelo económico, hablamos del fin de la dictadura que tanto daño nos ha hecho y que nos ha hundido en 20 años de oscuridad. Debemos enfocarnos y recuperar la dignidad como valor fundamental. Un venezolano digno y valiente es menos propenso a la manipulación. Vamos a reunificarnos y a volver a levantarnos para enfrentar juntos al régimen”.

El diputado venezolano invitó a la población a tomar conciencia y reflexionar sobre los recientes sucesos y acciones que está ejecutando el gobierno venezolano, exhortó a no prestarse a la manipulación. “De quien debemos salir es de los responsables de esta crisis que es Nicolás Maduro y su combo, al participar de las intervenciones del régimen, estamos haciéndole el juego y contribuyendo al cierre definitivo de las empresas, y por ende, nos estamos haciendo más dependientes de ellos. Está en nuestras manos romper con ese esquema y poner fin a esta perversa política”, señaló.

 

¿ODIO? ¿Cuál ODIO?… Este?… Claro que tenemos mucho que hablar sobre el odio…


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En Respuesta a Delcy Rodríguez quien amenaza con castigar a aquellos que inciten al odio.

 Empecemos hablando del mismo que colocó unos francotiradores el 11 de abril del 2002 para que le disparasen a la marcha pacífica que se dirigía a Miraflores, el mismo que activó el Plan Ávila para masacrar con tanques a un pueblo indefenso. La misma racha de quien decidió entregar la nación a la tutela de una isla empobrecida pero con una casta astuta y vil.

El odio que se manifiesta cuando les robas las elecciones y las esperanzas a los venezolanos para saquearlos a rabiar y repartir el botín con todos los grupos de izquierda criminal de Latinoamérica. Odio es desabastecer a los hospitales para que la gente se muera de cualquier cosa pero lucrarse en el proceso. Odio es desamparar a las escuelas públicas de insumos y profesores para que crezca una infancia bajo la sombra del hambre, la confusión y la ignorancia.

Odio es que el “Presidente” y su “Ministro de Defensa” tengan tres años dando órdenes de disparar a mansalva a cuanto estudiante desarmado proteste. Odio es hacer cadenas y bailar alegremente en las noches en que se cometieron esas masacres diciendo que fue la oposición la responsable de esas muertes. Burlarse del dolor es odio como lo hace la claque adulante de quien se va o de quien se muere en una Venezuela deprimida y confundida.

Odio es llevar a un país a la ruina y a sus pobladores conducirles a la desesperación de escapar de su tierra por los medios que dispongan o que éstos tengan que enfrentarse a los rigores de la miseria, el hampa, el hambre, la inflación y el desabastecimiento. Es generar nombres y motes ofensivos como “Desgraciado”, “Majunche” , “Pelucón”, “Escuálido”. Odio es invocar “Patria, Socialismo o Muerte”. Odio es llamar a los disidentes y librepensadores “traidores apátridas” y “Terroristas”.

Odio es incitar cuanto matiz racista exista en una sociedad que no tiene esa discriminación pues su mezcla ya tiene varios siglos. Odio es decirle a los militares en las Academias que los civiles les desprecian y son sus enemigos. Odio es llenar de mentiras a todo un gentilicio y aplastarlo bajo las cadenas de la opresión y la tiranía. Odio es armar al hampa para que se encargue de los pobres venezolanos. Odio es aupar e instigar la violencia, el abuso y la muerte. Odio es arrastrar a patadas a 30 millones de seres a la miseria mientras se disfruta sádicamente del acto.

¡OH! ¡Sí! Tenemos mucho que hablar sobre el odio..

 

El Principio del Fin de América Latina en Marcha.


 

ISHEl pasado lunes 1 de junio los indígenas Pemones venezolanos tuvieron que cerrar la pista de aterrizaje del Parque Nacional Canaima, al sur del selvático estado Bolívar, como medida de protesta para que el Gobierno atendiera las denuncias sobre la práctica de minería ilegal en sus tierras ancestrales. La manifestación duró tres días.

El problema se ha centrado en Bolívar y el vecino estado Amazonas, donde Venezuela tiene la mayor parte de sus riquezas naturales —y no hay presencia del Estado-. Es una zona convertida en Tierra de Nadie; y de lucro para muchos. Entre ambas entidades abarcan más de un tercio del territorio venezolano, pero apenas tienen una población de dos millones de personas.

El Gobierno venezolano, no obstante, no puede decir que la manifestación indígena lo tomó por sorpresa, o que desconocía la realidad, porque solo entre enero y abril de 2015, desde la Vicepresidencia de la República se hicieron al menos nueve alertas sobre la situación y la presencia de irregulares en el área, que se dedican a la explotación de las reservas de oro, diamantes, coltán y otros minerales de gran valor.

En los reportes elaborados para el despacho del vicepresidente, Jorge Arreaza, comunidades de la zona advierten a las autoridades  que continúan extrayendo, de manera indiscriminada, oro y diamantes de los suelos de Bolívar, y que serían precisamente los oficiales de la Guardia Nacional quienes fomentan la actividad ilegal.

“La minería ilegal en Bolívar no es nueva. En octubre de 2014 estuvimos ahí porque los pemones manifestaron que no podían practicar la minería, porque la Guardia Nacional les restringía el combustible. Ellos la practican y no lo esconden, pero fuera de Canaima. La protesta ahora fue porque están causando daños al parque nacional”, explicó la periodista venezolana Valentina Quintero.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, reaccionó ante la protesta de los indígenas y negóque se practicara la minería ilegal dentro del Parque Nacional Canaima, a pesar de que hace algunos meses el exministro de Turismo Andrés Izarra hizo la denuncia públicamente y mostró fotografías de los daños causados a los suelos de la reserva.

“El ministro de la Defensa alega que ellos sacaron a los mineros en diciembre, en un operativo. Pero es iluso pensar que eso lo van a erradicar en un solo día y que unos mineros van a abandonar la zona, cuando en ese sector no hay vigilancia permanente”, explicó Quintero, especializada en la promoción del turismo venezolano. Las declaraciones de Padrino López fueron también desmentidas por el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez y la ministra de Turismo, Marlenis Contreras, quienes de inmediato reaccionaron y reconocieron que, en efecto, el saqueo de los recursos minerales en suelo venezolano persiste.

Las autoridades aseguran que mensualmente se pierden hasta 4 mil quilates de diamantes, en los sectores que van desde Los Caribes hasta Urimán, en actividades de minería ilegal, practicada principalmente por colombianos, brasileros y guyaneses.

En el mismo texto, describen que el tipo de piedras que se producen y se trafican en Venezuela, son en su mayoría piedras blancas, de forma octaédrica o de trompo, que al ser sacadas de la tierra, por lo general están manchadas, lo que hace que los mineros ilegales aseguren que tienen poco valor. Sin embargo, estas piezas al ser talladas y limpiadas se convierten en piedras de gran valor en el mercado internacional.

“La minería ilegal se le escapó de las manos a las autoridades y a los indígenas. La reacción de los indígenas fue porque ahora se comienzan a ver las balsas en los ríos, deforestaciones irregulares y coloraciones no habituales en el río. Eso nos afecta a todos y por eso apoyamos la causa de los indígenas Pemones, porque eso también afecta mucho más la afluencia de turistas que nos visitan”, expresó Raúl Caldera, gerente de operaciones del campamento Waku Lodge.

El operador turístico también recordó al Gobierno venezolano se le ha advertido en reiteradas oportunidades sobre la situación de riesgo que hay en Canaima, que además es Patrimonio de la Humanidad, y que alberga en sus tierras la caída de agua más alta del mundo, el Salto Ángel.

En otro informe elaborado en noviembre de 2014 por las autoridades de la Vicepresidencia, se reporta que la explotación legal de diamantes en país, es supuestamente inexistente desde 2011. Lo alarmante de la información es que en un cuadro, las autoridades señalan que Venezuela pasó de producir 7.730 quilates, en 2009, a apenas 2.099 quilates en 2010; y a partir de allí, nunca más se prestó atención a la explotación de este mineral.

Lo mismo sucede con el oro. Ese texto elaborado entre el 8 y 13 de noviembre de 2014 informa que Venezuela pasó de producir 12,2 toneladas de oro en 2009, a tan solo extraer de la tierra una tonelada del metal el año pasado.

En las nueve alertas hechas para el despacho del vicepresidente Jorge Arreaza en 2015, se dice claramente que el tráfico ilegal de estos recursos naturales se hace por vía terrestre, fluvial y por aire, a pesar de que el control del combustible en la región está en manos de las autoridades militares.

“Allí los campamentos y los indígenas deben justificar a las autoridades todo el combustible que utilizan, certificando cada movilización, cada viaje, cada excursión, porque ellos controlan todo eso. Entonces, ¿cómo es que los que practican la minería ilegal allá obtienen el combustible? Eso solo lo pueden responder las autoridades, porque además, no hay manera de llegar hasta esas zonas que están dañando, si no es a través de la pista de Campo Carrao”, explicó Quintero a PanAm Post.

Quintero detalló que la denuncia que hacen los indígenas es que desde la base de La Paragua, donde se controla la distribución del combustible en la región, salen vuelos con los mineros que están destruyendo el ecosistema del parque nacional y afectando el hábitat de quienes viven del turismo al sur del país.

“En esta parte de Venezuela la escasez es mucho más fuerte, los costos se han elevado muchísimo y esta gente padece todos estos problemas, pero además se ha visto afectado la principal actividad económica de la región que es el turismo, porque la gente tiene miedo de aventurarse a conocer esta zona, por la inseguridad que hay”, dijo la periodista.

En abril de 2015 PanAmPost denunció la explotación de yacimientos de Coltan en el estado Amazonas, por parte de los miembros de las FARC. En esa oportunidad el gobernador de la entidad, Liborio Guaruya reconoció el problema y aseguró que ha hecho la denuncia ante la Asamblea Nacional, y que además, los funcionarios militares encargados de la vigilancia aérea y terrestre de la región, estaban al tanto de lo que ocurría.

En el texto elaborado por la Guardia Nacional de Venezuela en enero de 2015 se explica que los guerrilleros extraen el mineral y comercializan para obtener ganancias y financiar sus actividades ilegales.